¿Solución o carga? El verdadero impacto de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.
- Miquel García
- Nov 2
- 4 min read
En el año 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) para atender la profunda crisis fiscal que enfrentaba Puerto Rico. Como parte de esa legislación, se creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con el objetivo de controlar las finanzas públicas y reestructurar la deuda de la Isla. Sin embargo, desde su establecimiento, la existencia y el funcionamiento de la Junta han sido tema constante de debate. ¿Se trata de una solución necesaria para la recuperación económica o de una carga sobre el país y su autonomía?
La JSF fue creada en respuesta a la grave crisis fiscal de Puerto Rico. Para ese momento, la deuda pública superaba los 70 mil millones de dólares y el gobierno ya no podía conseguir nuevos préstamos fácilmente debido a este elevado endeudamiento. La Junta está compuesta por siete miembros designados por el presidente de Estados Unidos, es decir, no son electos por el pueblo puertorriqueño. Tiene autoridad sobre los presupuestos del gobierno local, la aprobación de contratos públicos y la implementación de planes fiscales, lo que le otorga un poder considerable sobre las decisiones internas del país.
Entre los avances que se le atribuyen a la Junta se encuentra la reestructuración de la deuda pública bajo el Título III de PROMESA. Gracias a este proceso, la deuda central del gobierno se redujo significativamente entre los años 2017 y 2024, de alrededor de $34,000 millones a $7,400 millones. También ha impulsado una mayor disciplina fiscal, asegurando que el gasto público esté alineado con los ingresos, y ha vetado nuevas leyes que ellos consideran hubieran comprometido aún más los recursos del país. Según sus propios informes, la Junta afirma haber generado más de $72,000 millones en ahorro fiscal.
Sin embargo, la JSF ha recibido fuertes críticas por su alto costo operativo, que supera los 1,500 millones de dólares, incluyendo pagos a consultores y abogados. Muchos sectores cuestionan que ese gasto no se haya traducido en mejoras visibles en servicios básicos, infraestructura o desarrollo económico. Una de las críticas más grandes se centra en el salario del director ejecutivo de la Junta, quien según varias fuentes gana más de 600,000 dólares al año, una cifra mucho más alta que la del gobernador de Puerto Rico, que cobra aproximadamente 70,000 dólares. Además, este salario excede al de líderes globales como el presidente de Estados Unidos ($400,000) o el primer ministro del Reino Unido ($180,000).
La disparidad en los salarios y los altos costos operativos de la Junta ha generado la percepción entre algunos sectores de que la entidad prioritiza intereses ajenos al bienestar del pueblo. Mientras se destinan sumas millonarias en consultoría privada, sectores esenciales como educación, salud e infraestructura enfrentan recortes. Además, se le acusa de limitar la participación democrática y de actuar como un mecanismo de control externo, ya que cuenta con el poder de vetar proyectos de ley que considere contrarios a su plan de reestructuración de la deuda, limitando la capacidad de decisión del gobierno electo. Esta combinación de factores ha intensificado el descontento entre diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, que ven en la Junta un organismo más preocupado por los prestamistas que por las necesidades de la población.
Hace pocos meses, la Junta vivió una crisis interna cuando cinco de sus miembros fueron despedidos por la administración federal. Más tarde, un tribunal federal ordenó su restitución al considerar el despido ilegal. Actualmente, la Junta sigue activa, con vacantes aún por llenarse, mientras continúa supervisando los presupuestos y las decisiones fiscales del gobierno. Según PROMESA, su mandato sólo concluirá cuando Puerto Rico logre tres presupuestos consecutivos balanceados y restablezca su acceso al crédito, condiciones que aún no se han cumplido.
La Junta de Supervisión Fiscal ha representado tanto una solución técnica a la crisis financiera como una carga institucional sobre la autonomía del país. Mientras algunos destacan su capacidad para estabilizar las finanzas, otros critican su alto costo, su limitada efectividad y su impacto sobre la democracia local. Ocho años después de su creación, la pregunta sigue vigente: ¿es la Junta una solución… o una carga?
Wow! me alegra ver que en este mundo todavía hay jóvenes emprendedores listos para luchar contra las injusticias de la nación. sigan así, que dios los bendiga ❤️❤️🥀🥀6️⃣7️⃣
Muy buen artículo. Esa pregunta es tema para un debate. Mientras, seguimos reflexionando sobre cómo Puerto Rico se puede encaminar hacia una sana administración pública y una economía auto sustentable.
Buen recuento de las circunstancias que han rodeado y propiciado la situación actual en la que se encuentra la Junta de Control Fiscal.